Editorial

Protesta ciudadana

Editorial del Domingo 22 de Septiembre de 2019
Protesta ciudadana
Los vecinos de las comunidades que se consideran afectadas aseveran que el proyecto se inició desde el año 2013.

Los habitantes de muchas comunidades rurales del Distrito Central están en pie de lucha, pues quieren evitar la construcción del proyecto habitacional “Residencial Bosques de Santa María”. Localizado en terrenos aledaños a la reserva forestal de “La Tigra”.
Se pretende hacer un desarrollo urbanístico de unas 1885 casas de habitación, unos 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y trazado de carreteras de penetración en un área de casi 500 hectáreas. Según los vecinos, más de 100 de estas hectáreas, forman parte de la zona de amortiguamiento de La Tigra.
Los vecinos de las comunidades que se consideran afectadas aseveran que el proyecto se inició desde el año 2013, pues han observado varias quemas en dicha zona (El Hatillo, El Chimbo, Valle de Ángeles). Según quienes se oponen, el proyecto ya comenzó y se está trabajando intensamente.
Los inversionistas del proyecto en el año 2016 gestaron licencia ambiental con vigencia hasta el año 2021 y la alcaldía del Distrito Central extendió el respectivo permiso de construcción. Es un proyecto que está planificado para ejecutarse en tres etapas en el lapso de 20 años.
Según quienes se oponen al proyecto, el 19.25% del área total del mismo, se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del parque nacional La Tigra, la cual está integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Los oponentes al proyecto, hablaron también con los Representantes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINAEI), quienes denegaron el permiso arguyendo, el uso del agua de la montaña para este proyecto, por lo cual, los habitantes solo recibirían el 35% del agua que produciría “La Tigra”. Toda la documentación relacionada con el proyecto está secuestrada por el Ministerio Público, para ser sujetos a investigación.
La coalición de los defensores de La Tigra se ha constituido con los líderes de las comunidades rurales de la capital. Y el presidente de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua, ha solicitado celeridad en la investigación que realiza el Ministerio Público, dada la emergencia de suministro de agua que existe en el Distrito Central. Se considera que el número de comunidades afectadas por efecto del proyecto suman 71 sin tomar en cuenta Santa Lucía y Valle de Ángeles, donde también ya se está percibiendo la falta de suministro de agua.
El diálogo entre los que se oponen al proyecto y las autoridades de Mi Ambiente y la Alcaldía del Distrito Central no ha producido acuerdos firmes hasta el momento. En sesión de cabildo abierto celebrada en El Hatillo el martes 17 de septiembre, los habitantes manifestaron estar decididos a defender la zona protegida de La Tigra y bajo ninguna circunstancia permitir el desarrollo del proyecto.
La postura del alcalde ingeniero Nasry Asfura fue de solicitar un plazo de 2 meses, para tomar una decisión final sobre el proyecto, pues explicó que Él no forma parte del ICF, sino que es gobierno central y se necesita hacer consultas. Dejó muy claro que la municipalización del agua, no es sinónimo de privatización.
No obstante, los habitantes de las zonas rurales, no estuvieron abiertos a escuchar ninguna propuesta. Están decididos a exigir a la alcaldía el paro inmediato de toda actividad relacionada con la construcción de la residencial Santa María, y no admiten otra solución alterna. Esta diferencia de criterios se manifestó en enfrentamientos entre quienes adversan el proyecto y la Policía Nacional, pues luego de haber terminado el Cabildo, siguieron obstruyendo el tráfico vehicular en El Hatillo y la salida a Olancho.
Meditemos con calma las Palabras del Señor Jesús: “Ponte de acuerdo con tu adversario…mientras vas con él por el camino”

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