2019 Actualidad

Organizaciones de la sociedad civil demandan incrementar número de agentes y mejorar infraestructura policial


Luego de implementar un ejercicio de veeduría ciudadana en unidades policiales de varios municipios del país, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pertenecientes a la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), concluyeron que urge aumentar el número de agentes para satisfacer la demanda ciudadana y cumplir a cabalidad el mandato que le da la Ley a la Policía Nacional de Honduras.

Los resultados de esta acción de control comunitario fueron presentados en el marco de la celebración del Foro Nacional de Auditoría Social e Incidencia Política “Herramientas para la mejora del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras”, llevado a cabo en San Pedro Sula, Cortés, el día martes 20 de julio de 2019.

El ejercicio de auditoría social se ejecutó en los municipios del Distrito Central (MDC), en el departamento de Francisco Morazán; La Ceiba y Tela, en el departamento de Atlántida; y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.

En todas estas localidades se pudo determinar un déficit en cuanto a recursos humanos policiales destinados a prestar los servicios de seguridad; la cantidad de oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que laboran en las diferentes unidades policiales es menor a las recomendadas por organismos internacionales especializados en la materia.

La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC), recomienda que deben haber 300 policías por cada 100 mil habitantes; esto es, 3 por cada mil personas; en Honduras, este parámetro no se cumple y en la actualidad hay un déficit nacional de más de 9,135 agentes, cifra necesaria para llegar a los 27 mil efectivos policiales necesarios, en función de los más de 9 millones de habitantes. En la actualidad, en el país, la Policía Nacional cuenta con 17,865 miembros de la institución.

Este mismo comportamiento se ve reflejado en las localidades estudiadas; por ejemplo, en el Municipio del Distrito Central (MDC), existe un déficit de 2,160 policías si se desease a llegar a tener el ideal de 3,499 agentes; en la actualidad únicamente se cuentan con 1,339 miembros de la carrera policial para atender las colonia, barrios, aldeas y caseríos de Tegucigalpa y Comayagüela.

En el departamento de Atlántida, donde está asentada la Unidad Departamental No. 1, donde –entre otros- se ubican los municipios de La Ceiba y Tela, se requieren contratar 776 policías para llegar al ideal de 1,350 agentes, que de acuerdo a su población es necesario; en la actualidad existen 574 que cubren 8 municipios de ese departamento del Caribe hondureño de 4,251 kilómetros cuadrados de extensión territorial.

En el caso de San Pedro Sula, la situación es dramática ya que en la actualidad el número de agentes policiales que prestan servicios a la ciudadanía es de 900, necesitándose –de acuerdo a la demanda ciudadana de los más de 777 mil habitantes- un contingente de 2,334. El déficit actual de agentes policiales es de 1,434; se requiere un incremento de más del 150%.

No obstante lo anterior, fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, han asegurado que se implementa un plan de aumento del número de oficiales y agentes que permitirá que en el año 2022 se llegue a la cifra de 26 mil efectivos policiales, cifra que se acerca a los estándares internacionales de número de efectivos por cada 100 mil habitantes.

Para ese fin, se ha programado que del Instituto Tecnológico Policial (ITP) y de la Academia nacional de Policía (ANAPO), egresen anualmente un promedio de 2 mil 500 en los próximos 3 años, en el marco de nuevos planes formativos, renovación de staff de docentes y mejora de infraestructura educativa.

En tal sentido, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su decisión de darle seguimiento y monitoreo a este plan estatal de incremento de agentes, para garantizar la distribución equitativa de ese recurso humano a egresar de las academias policiales, entre los municipios del país.

OTRAS ÁREAS EVALUADAS

Además de lo concerniente a los recursos humanos, en el ejercicio de veeduría ciudadana también evaluaron otras áreas claves del desempeño policial, tal es el caso de las condiciones de establecimiento e infraestructura, los servicios y actuaciones, y la disposición y administración de los recursos materiales.

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Al respecto, se demandó una mejora sustancial de la infraestructura policial en cada uno de los municipios evaluados; en tal sentido, se insta a las autoridades correspondientes a construir, reconstruir, remodelar o readecuar las unidades policiales, para garantizar que cuenten con infraestructura, mobiliario, equipamiento y servicios públicos (agua saneamiento, energía, comunicaciones, etc) apropiados para prestar servicios policiales con calidad y calidez a la ciudadanía, con énfasis en garantizar la accesibilidad en las unidades policiales para la atención de las personas con discapacidad. Igualmente, se puso mucho énfasis en solicitar que se dote de un sistema eficiente de comunicaciones (teléfono, website, redes sociales, etc.), a fin que la ciudadanía pueda tener fácil acceso a las diferentes unidades policiales, y que quienes prestan servicios en ellas (oficiales, agentes y personal auxiliar) puedan realizar su trabajo sin obstáculos.

De la misma manera, las ONG, que ejecutaron las acciones de auditoria social, pidieron asignar suficientes vehículos automotores (patrullas vehiculares y patrullas motorizadas) debidamente equipados y con un sistema de radiocomunicación, para que puedan atender las demandas del trabajo de campo realizado por el personal asignado a las diferentes unidades policiales, especialmente las que deben responder a las denuncias ciudadanas, realizar labores de patrullaje o de investigación criminal, entre otros; debe garantizarse que por lo menos existe una patrulla vehicular y una patrulla motorizada en cada estación municipal y posta.

Además, se solicita establecer mecanismos para garantizar que se implementan los protocolos de actuación de los agentes policiales asignados a las diferentes unidades policiales, especialmente aquellos que tienen relación cotidiana con la ciudadanía, por ejemplo los que atienden denuncias, los miembros de los policía preventiva y de transito; debe garantizarse que los miembros de la Carrera Policial no violenten los derechos humanos de los ciudadanos, restrinjan libertades o despojen de sus documentos personales, sin razón alguna.

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