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Como clientelismo político califican acuerdos logrados en el C.N.

Las recién aprobadas reformas electorales siguen generado controversias sobre la actuación del partido Libertad y Refundación,  existen quienes ven esto como una oportunidad de  negociar espacios de poder  al dividir el Tribunal Supremo Electoral  en dos entidades, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, esto a criterio del analista Josúe  Murillo no es mas que clientelismo político, es decir repartirse cargos públicos, preocupa que los congresistas de la oposición  hayan pactado  en contra del pueblo y de la democracia afirma Murillo.

Para el asesor presidencial Marvín Ponce la bancada del partido Libertad y Refundación logro con justicia un espacio político que merecían por ser la primer fuerza de oposición  en el país la que califico de realizar acciones frontales contra el presidente Hernández, pero blandos frente al presidente del Congreso Mauricio Oliva.

Las negociaciones entre grupos opositores no se debe satanizar sostiene  Lester Ramírez,Coordinador de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad mas Justa, siempre y cuando los pactos que le logren no afecten a la población.

«La naturaleza misma de la política muchas veces es negociar, otras descalificar es parte del estira y encoge» afirma Lester quien manifiesta que estas reformas deben ser vistas con buenos ojos, sin quitar el dedo del reglón sobre otras reformas importantes para el país como la Segunda Vuelta y el Plebiscito.

La despartidización del Tribunal Supremo Electoral  es el punto de debate sobre si lo que hubo fue o no una repartición de puestos, sin embargo para el representante de Naciones Unidas Igor Garafulic eso no garantiza procesos transparentes, lo importante es que la clase política de Honduras esta dando señales de madurez.

El ARTÍCULO 53. Establece que el Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia de Justicia Electoral. Contra sus sentencias no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional. Una Ley Procesal Electoral regulará las competencias específicas, la organización y el funcionamiento del Tribunal.

Con respecto a que el Tribunal de Justicia es la máxima autoridad en materia de Justicia esta no es la última instancia, ya que existe el recurso de amparo dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional.

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