Editorial

Todos responsables por el bien común

Editorial del Domingo 18 de Noviembre de 2018
Los ingresos fiscales y el gasto público deben orientarse para financiar buenos servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en los ramos de educación, alimentación, salud, vivienda y asistencia social a los pobres etc.

El Principio del Bien Común es trascendente pues, en último término, Dios es el fin más alto que debe ser deseado por la sociedad. O sea que el Bien Común es la correcta ordenación de las Personas, de manera que puedan alcanzarse los más altos fines de la Sociedad humana.
El Papa Francisco escribió recientemente. “solo cuando el hombre se concibe a sí mismo como uno que por naturaleza está ligado a los demás, originariamente como hermanos, es posible una práctica social, donde el “Bien Común” ¡deje de ser una palabra vacía y abstracta!”
En resumen, para el Concilio Vaticano II, se entiende por Bien Común el conjunto de aquellas condiciones de vida social, mediante las cuales las Personas, las Familias y los Grupos Intermedios, pueden lograr “ con facilidad y plenitud su propia perfección, y consiste sobre todo en el respeto a los derechos y deberes de la Persona Humana”.
No se debe entender que el Bien Común es la suma de los bienes particulares de cada Persona. Ya que siendo de todos y de cada uno, siempre permanece común, por ser indivisible y porque solo juntos es posible lograrlo, ampliarlo y conservarlo con la visión puesta en el futuro. Todos los miembros de la sociedad tienen el deber de contribuir al Bien Común, de acuerdo a sus capacidades, tanto para alcanzarlo, como para desarrollarlo.
Edificar el Bien Común también es función del Estado, el cual debe garantizar la unidad de la ciudadanía para que por medio de las Instituciones políticas, se puedan hacer asequibles a todas las Personas los bienes materiales, culturales, morales y espirituales, de manera que tengan la posibilidad de tener una vida auténticamente humana. Así se puede afirmar que el gran objetivo de la vida social es el mayor Bien Común que resulte factible realizar.
El Estado debe orientar, tanto a los ciudadanos como a las Empresas para que incentiven el Bien Común, evitando una política empresarial, que genere una “economía del descarte” donde se da primacía a la acumulación de la riqueza empresarial, a costa de eliminar puestos de trabajo. Cuando un gran objetivo económico, para las empresas hondureñas debe ser favorecer la participación de todos los ciudadanos en las actividades productivas.
Precisamente resulta apropiada la nueva Ley aprobada por el Congreso Nacional que concede estímulos crediticio y tributario, por cinco años, a las nuevas Mypimes que se funden a partir de ahora, con el ánimo de estimular la creación de nuevos empleos.Y es que el Estado está obligado a mantener un equilibrio justo entre la libertad privada y la acción pública sujeta a criterios de racionalidad y eficiencia, sin afectar la acción del empresariado. Los ingresos fiscales y el gasto público deben orientarse para financiar buenos servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en los ramos de educación, alimentación, salud, vivienda y asistencia social a los pobres etc. Las finanzas públicas, manejadas con transparencia, son elementos importantes para garantizar la previsión y protección social, que garantice el bienestar de las mayorías. La Sociedad Civil, organizada en Cuerpos Intermedios (Patronatos, Cooperativas, ONGs) contribuye al logro del Bien Común, pues maneja una relación de amplia colaboración y complementariedad con la función del Estado y la Ciudadanía.
Los Ciudadanos deben ser solidarios, y por medio de la virtud de la Caridad deben ayudar a los más necesitados de la Sociedad. De manera que sea el Bien Común el gran objetivo de la ciudadanía hondureña que ama a su Patria..
Como lo expresara el Señor Jesús: “Porque pobres tendrán siempre con ustedes…y podrán hacerles bien cuando quieran…”

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