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Ley Magnitsky, un fuerte golpe legal para los corruptos en Centroamérica.

La suspensión de visas, el congelamiento de cuentas bancarias y los requerimientos fiscales de la justicia norteamericana son parte de los escenarios jurídicos que les esperan a partir de enero de 2019 a funcionarios hondureños involucrados en actos de corrupción y violación a los Derechos Humanos, con la aplicación de la ley Magnitsky, afirma el analista Raúl Pineda.

El departamento de Estado de los Estado Unidos dará a conocer el próximo año un listado de funcionarios centroamericanos envueltos en redes criminales, por lo que personajes políticos que por décadas vivieron en la impunidad están expuestos a graves penas, sobre todo informa Edmundo Orellana ex Fiscal General del Estado de Honduras.

Esta normativa establece además que se debe considerar en la lista los nombres de las autoridades electas en estos países, que recibieron fondos de campaña provenientes de narcotráfico y otras actividades ilegales en los últimos dos años.

Para Diana Núñez, asesora jurídica, ante una debilidad de la justicia hondureña por frenar la corrupción e impunidad, los Estados Unido ha tomado la decisión de proteger su seguridad nacional y castigar a los miembros de redes ilícitas, sin que ese país norteamericano este violando los principios de soberanía nacional.

El pasado 2 de agosto, el congresista demócrata Eliot Engel y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, dos altos funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, anunciaron que habían firmado una carta en la que solicitaban que los departamentos de Estado y Tesoro de Estados Unidos determinaran si seis individuos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México cumplen con los criterios para ser sancionados según la Ley Global Magnitsky.

Las personas señaladas en la carta son Enrique Rais y José Luis Merino de El Salvador, Gustavo Alejos y Luis Mendizábal de Guatemala, Óscar Nájera de Honduras y Remigio Ángel González, de México.