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Diversos sectores consideran que nuevo Código Penal vulnera Garantías Constitucionales

Diversos sectores consideran que nuevo Código Penal vulnera Garantías Constitucionales El nuevo estamento jurídico que se discute en el Poder Legislativo hondureño, es cuestionado por diversos sectores, ya que advierten violenta los Derechos Humanos.


Delia Arita
http://www.suyapamedios.com
La elaboración de un nuevo Código Penal, que lleva varios años en discusión en la Cámara Legislativa hondureña, y que contempla más de 600 artículos, ha generado diversas opiniones de todos los sectores del país, tanto nacionales como internacionales que cuestionan la reducción de penas para los delitos de corrupción y el incremento de las mismas para los que exijan sus derechos.
En un comunicado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detalló que “reducir las penas para delitos de corrupción es la crónica de una impunidad anunciada, y que los crímenes contra la administración pública no pueden tener sustitución de prisión”. La misiva también señala que “El Código Penal vigente y el que se discute en el Congreso, contempla que los delitos menores a 5 años, tienen la opción de pagar su condena a través de multas, servicio social, casa por cárcel y esto no debe ser permitido en aquellas agresiones de alto impacto.”
El portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) Juan Jiménez Mayor, se pronunció sobre esto a través de su cuenta de Twitter de la siguiente manera: “Estos actos afectan a todos, pero en mayor medida a los más pobres. La población debe debatir si reducir penas va en la dirección correcta”.

Reducción de penas
El proyecto que se discute en el Congreso Nacional contempla en general, la despenalización de algunos delitos así como la reducción de penas; Jiménez Mayor hizo alusión a un informe presentado el 10 de octubre de 2016 al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, señalando algunas recomendaciones vinculadas a los delitos de corrupción.
Dentro de las, expuestas, indicó que en estos casos no se deben de reducir las penas. El delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, en el actual código penal tiene una pena de 5 a 15 años, pero si este es mayor a un millón de lempiras, en el nuevo se establece que será de 4 a 6 años. Uno de los cuestionamientos que hacen las bancadas de la oposición en el Poder Legislativo, es que estas modificaciones, dan la opción al imputado a reemplazar la pena, esto quiere decir que se pueden salvar de ir a prisión.
El Secretario del Congreso Nacional Mario Pérez, asegura que “los delitos contra la administración pública tiene fuertes sanciones, y que el más grave puede llevar a un imputado a pasar una sentencia de hasta 16 años de cárcel.

Controversia Otro tema que ha generado controversia es la reforma del artículo 335-B, que habla de poder enviar a cumplir una pena en prisión a aquellos que promuevan la apología del odio a través de los medios de comunicación.
El gremio periodístico ha hecho una protesta en torno a esto ya que se arguye que se está coartando la libertad de expresión, no solo de los comunicadores sociales, ya que se agregó un inciso más, que dice que todo los que fomenten el odio, serán catalogados como terroristas.
Esto encendió las alarmas de diversos sectores que expresaron que el gobierno busca con esta medida, acallar las protestas sociales de los hondureños. A raíz de este cambio, se presentaron cuatro acciones penales a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de las cuales dos fueron desestimadas. Recientemente este tema fue objeto de discusión el en Legislativo, y se acordó eliminar el artículo del nuevo Código Penal, pero el mismo tendrá mínimo un año para poder ser analizado.

Preocupaciones “El peligro está latente” nos manifestó Roger García periodista radial, y recomienda a sus colegas tener cuidado al momento de informar. “Ahora estamos expuestos a ser acusados de terroristas, estamos llamados a seguir presionando para que derogue de una vez por todas” finalizó.
Por otra parte, la periodista Eleana Borjas, asegura que aunque el 335-B sea eliminado, existen otros artículos como el 590 que, según ella, “lacera los derechos constitucionales de la protesta social”.

Mala imagen
Para representantes de organismos como Amnistía Internacional, el artículo 590 que recientemente se aprobó en el nuevo Código Penal, está encaminado a perseguir a los defensores de los derechos humanos. La representante para Honduras de esta agrupación Itsmania Platero, dijo que “ahora quienes están en peligro de poder ser arrestados por exigir sus garantías, son los líderes sindicalistas, así como grupos que libran una batalla exigiendo mejores gestiones en los organismos nacionales”.
Por su parte el vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera, asegura que Honduras está avanzando en materia de derechos humanos y una prueba de ello es la Ley de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia que fue aprobada el 15 de abril de 2015.
Miembros de otras organizaciones como la ONG Articulación 611 a través de un comunicado, indicaron que “el Poder Legislativo se aprobó una serie de medidas de ley destinadas a la criminalización de la protesta social, y se hicieron sin consultar o de manera apresurada, por lo que instan a los 128 diputados, analizar de manera más prudente estos cambios.”
Hasta el momento no se tiene un panorama claro de que podría pasar previo a la elecciones generales de noviembre, ya que grupos de oposición manifiestan que no aceptaran los resultados que se den en las urnas, anunciando que se podrían venir fuertes, protestas porque no se aceptarían los escrutinios, por lo que existe la posibilidad que si se dan estas quejas en las calles, se puedan tomar acciones represivas más fuertes en contra de los manifestantes.

“Apelo a la paz a la tranquilidad los estados están para proteger a la gente pido a los medios generar entendimiento y no reacciones violentas”.
Juan Orlando Hernández
Presidente de Honduras.

20 AÑOS De cárcel podrían recaer para las personas que promueven una apología del odio.
5000 MIL Salarios Mínimos es la multa para los que cometan actos terroristas en Honduras
40 JóVENES Han sido procesados por protestar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

1 Introducen ley
En febrero del presente año el diputado del Partido Nacional Oscar Álvarez, presentó una reforma por adhesión al artículo 335 del Código Penal, donde se agrega el inciso B que se refiere a la “apología del odio”; a pesar que diversos sectores señalan que atenta contra la libertad de prensa, el parlamentario asegura que esta “no es una ley mordaza”.

2 Presentan recursos
Cuatro recursos de inconstitucionalidad fueron presentados a la sala constitucional de la CSJ solicitando la eliminación del articulo 335-B, que a criterio de defensores Derechos Humanos, políticos, abogados y gremio periodístico, vulnera las garantías constitucionales de la libertad de prensa, calificando como terroristas a quienes divulguen información donde se haga apología del odio.

3 Realiza plantón
El 16 de agosto del presente año, miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) acompañados de comunicadores sociales, realizaron un plantón frente a la CSJ, para exigir mayor celeridad en dar respuesta a las dos iniciativas que hasta fecha siguen esperando respuesta sobre la derogación del 335 B. El presidente del gremio detalló que el articulo afecta a toda la población porque atenta contra la libre expresión.

4 Violenta Derechos
Representantes de Amnistía Internacional aseguran que el nuevo Código Penal representa una transgresión a los Derechos Humanos y una persecución para quienes los defienden. Para estos organismos, a pesar que se aprobó la suspensión para análisis del 335-B, existen otros artículos que aún tienen la finalidad de reprimir las protestas sociales como el 590, que señala como acciones terroristas: perturbar gravemente el orden constitucional y provocar un estado de terror en la población, castigando a los directores, promotores y quienes financien estas acciones, con penas de entre 15 y 20 años de prisión.

5 Disminuyen penas
Parlamentarios de la oposición aseguran no estar de acuerdo con esa supuesta disminución de penas ya que, mientras aumentan los castigos para las protestas sociales, se reducen para algunos delitos de corrupción como: el tráfico de influencias.

6 Fuertesdenuncias
La Organización de las Naciones Unidas, ha denunciado a los países donde los defensores de las libertades sufren represalias por cooperar con ellos en materia de derechos humanos. En su última publicación figura Honduras dentro de los 29 señalados por esta supuesta persecución.

DEFINICIÓN DE TERRORISMO
Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido, intimidando a los adversarios o a la población en general.

LA DUDA
“No pueden coartar libertades”
Dagoberto Rodríguez
PERIODISTA
Con relación al 335B nosotros como Colegio de Periodistas, hemos estado esperando que la Corte Suprema de Justicia proceda a declarar la inconstitucionalidad de los dos decretos que fueron presentados ante ese poder por parte de varias organizaciones que defienden la libertad de expresión. En la reunión que tuvimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, él dijo que ya había un fallo listo o que al menos ya estaba terminado uno de los recursos de inconstitucionalidad, y que se iba a tratar de emitir opinión lo antes posible, sin embargo hemos visto que esto no se ha realizado sino que se ha dilatado, y nos preocupa que en un ambiente pre electoral, se pretenda acusar algunos periodistas, que posiblemente alguien considere que están cometiendo apología del terrorismo, así que mientras esa iniciativa este vigente, es una amenaza a la prensa hondureña, es una amenaza a los periodistas y es una amenaza a la libertad de expresión, de modo que nuestra petición es nuevamente es que la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, procedan a declarar la inconstitucionalidad, y se quite esa amenaza contra los periodistas hondureños. En torno a la criminalización de la protesta, esa es una disposición que quedo contenida en la reforma que se hizo al Código Penal hace un par de meses y en la que se introdujo el tema del 335-B, allí eso creo que no es correcto porque debe haber libertad a la protesta dentro de los marcos que indica la ley sin cometer abusos, porque ese es un derecho que le da la misma Constitución a los hondureños.

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