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Cada doce horas se produce un caso de extorsión en el país

Cada doce horas se produce un caso de extorsión en el país
El miedo a la denuncia es uno de los factores que produce que este mal siga alojado en el tejido social del país. 30 mil Mipymes flageladas por la extorsión en los últimos 7 años.


Rafael Plata
http://www.suyapamedios.com
Honduras se ha visto envuelta en los últimos años en una serie de realidades que a nivel internacional no es bien vista, pero no se trata de ocultarla ni evadir ese día a día que sufren tantas familias y al indagar uno de tantos testimonios es conocer el de doña Karla.
Ella es una víctima más de la llamada extorsión, una realidad que está a la orden del día en el país. Al escuchar la plática con la dama, es saber que es madre soltera, ella cerró su negocio en un populoso barrio de Tegucigalpa porque una “pandilla” le exigía mil lempiras semanales. Se cansó de las amenazas sobre todo cuando dispararon contra su negocio.

Triste realidad “Por un tiempo pagué 200 lempiras a la semana venia un niño de unos 13 años a cobrarme la llamada “renta”, pero todo cambio me subieron el precio a mil lempiras y la forma que me lo notifican fue con un papel en la cual me detallaban la cantidad y a la par cinco balas esa nota me la dejaron fuera del portón de mi casa.
“Seguí mi curso sin denunciar aun sabiendo de la nota dejada en mi morada, pero mi intranquilidad llegó a su límite cuando los disparos llegaron hasta mi negocio, ahí la decisión de huir de mis casa y proteger a mis tres hijos y ahora formo parte de la lista desempleados del país, dejé mi salón de belleza mi sustento para mis hijos, pero tenía que poner en la balanza la vida de mis hijos o el negocio”
Esta es la cruda realidad de muchas pequeñas y medianas empresas del país, que son el blanco favorito del crimen organizado, ellos le exigen desde 800 hasta 10 mil lempiras en muchas ocasiones y algunos los pagan con la esperanza de poder trabajar tranquilos, pero los que no logran llegar a esa cuota deciden cerrar su negocio y esto trae las consecuencias de ser un duro golpe a la economía del país.

Pérdidas millonarias
Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa agrega que por este flagelo se han cerrado en los últimos siete años aproximadamente 32 mil negocios a nivel nacional lo que representa unos 110 mil empleos perdidos.
Además, agrega que el sector comercio se ve obligado a pagar al menos unos 600 millones de lempiras anualmente a los grupos criminales. Se valora que sólo entre los locatarios de los mercados de Tegucigalpa pagan a los extorsionadores 192 millones de lempiras al año.
Según las autoridades de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Honduras (Aconsumeh), en los dos últimos años se han cerrado en Tegucigalpa más de mil tiendas de esquina, conocidas popularmente como “pulperías”. Hasta agosto de este año se estima que unas 600 “pulperías” sólo en Tegucigalpa han cerrado y muchos propietarios no ponen la denuncia ni explican del porqué de su cierre.

Percepción empresarial En la Encuesta Empresarial 2017, publicada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la zona central del país se ha convertido en la más peligrosa para las inversiones, ya que es en este sector en donde se presenta el mayor porcentaje de cierre de negocios.
Entre los hallazgos importantes de la encuesta, es que un 78% de las unidades productivas, dice que ha tenido que incrementar su gasto en materia de seguridad, siendo las empresas manufactureras, y los distribuidores de productos en ruta, las que se ven más afectadas por la inseguridad.
Los pequeños negocios de emprendimiento son altamente perjudicados, entre los que más destacan en los rubros que han tenido que cerrar operaciones, están pulperías, mercaditos, farmacias y salones de belleza.

Papel del Estado Durante los últimos cinco años la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) ha detenido a un total de 3 mil 079 personas por estar involucradas en redes criminales. De estos detenidos 630 son menores de edad. Hasta septiembre de 2017, la FNA maneja en su poder más de 600 denuncias por extorsión y se estima que dos personas al día son detenidas por esto delito.
Una de las recomendaciones que ha hecho en contantes ocasiones la FNA, es a denunciar, pero muchos propietarios de negocios no se atreven hacerlo por el mismo temor, que si agarran a los extorsionadores, muchos siguen delinquiendo desde las cárceles por tal razón deciden cerrar sus negocios como es el caso de doña Karla.

600 Millones de lempiras anualmente se ve obligado a pagar el sector comercio a grupos criminales en el país.
200 Lempiras diarios paga un negocio a extorsionadores para vender en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela.
227 Millones de lempiras han evitado pagar las empresas informales y formales en los últimos cuatro años.

“Es un delito que no sólo afecta a la empresa, sino que también a la familia, porque el amenazado es una persona natural”
Rafael Medina
Representante empresarial

1 Historia del delito
La extorsión es un delito que viene ejecutándose en el país desde hace ya 10 años, en un principio era investigado por la ya desaparecida Dirección de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), pero al registrarse un repunte a finales del 2012, fue creada la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) en marzo del 2013.

2 Tipos de extorsión
El engaño telefónico o cibernético, sucede cuando se recibe una llamada o un correo electrónico informando que se ha ganado un premio, condicionado al pago de alguna cantidad de dinero, a veces a través de tarjetas pre pagadas de algún servicio o de alguna información personal.
La amenaza telefónica, que es aquella llamada a través de la cual intentan atemorizar a la víctima para que pague cierta cantidad de dinero, en ocasiones con amenazas a la familia.
Extorsión directa, cuando los delincuentes se presentan periódicamente en un establecimiento o empresa para exigir una cantidad de dinero, a cambio de garantizar la integridad física de la(s) víctima(s) y de la misma actividad comercial.

3 Penas contra extorsión
El artículo 222 del Código Penal de Honduras establece que comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, exige o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros. El culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de 15 a veinte 20 años y una multa de cincuenta 50 salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

4 Fomentar la denuncia
Uno de los factores que evita que se reduzca la extorsión en el país es el miedo a interponer la denuncia ante los operadores de seguridad del país. La FNA ha establecido la línea 143 para denunciar desde cualquier parte del país. Las autoridades de seguridad piden que si usted recibe un papel con una amenaza no lo rompa que a la FNA le servirá para identificar al extorsionador.

5 Operatividad del delito
Según la FNA, hasta el 70 por ciento de las extorsiones son realizadas por delincuentes comunes y no por las violentas pandillas del país, por lo que es difícil, si no imposible, diferenciar entre las amenazas reales y las realizadas por impostores.

Combate de la justicia hondureña
1,842 casos de extorsión han sido judicializados durante el 2017 por los operadores de justicia de Honduras.

LA DUDA
“Se debe impulsar la denuncia”
Nery Ordoñez
Criminólogo
El fenómeno de la criminalidad en los últimos años se encuentra marcado por la extorsión, protagonizada por estructuras criminales de maras y pandillas cuyos efectos impactan en la economía nacional, especialmente en los pequeños comerciantes.
Estas manifestaciones tienen implicaciones psicosociales y económicas diferentes: no es lo mismo que una madre de familia decida pagar al ser engañada 50,000 lempiras porque cree que su hijo fue secuestrado (extorsión telefónica), a que el propietario de una puesto en los mercados deba enfrentar el pago del ¨impuesto de guerra¨, al menos una vez por semana.
Estos fenómenos delictivos coinciden en algo: vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal de pequeños y medianos empresarios.
Es necesario que las autoridades de la Policía implementen mecanismos internos que permitan el registro diferenciado de varias modalidades de extorsión que se realizan a las Mipymes.
Por consiguiente, las políticas públicas para prevenir, desincentivar y combatir la extorsión deben partir de un enfoque criminológico y victimológico; es decir, mediante la identificación detallada de las características de la relación entre víctimas y agresores.
Además las municipalidades deben considerar la generación de vínculos con los esfuerzos de las Mipymes que se están llevando a cabo con pleno respeto al marco normativo de nuestro país, pues la información y experiencia que tienen los afectados, derivada de la atención a las víctimas, la que puede ser muy enriquecedora. Se debe impulsar la denuncia de este grave delito patrimonial.