Editorial

Editorial del Domingo 17 de Septiembre de 2017

Una decisión lamentable
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, ha decido cancelar la orden presidencial que permitía la existencia del Programa DACA (Acción diferida para los llegados en la niñez), el cual autorizaba la estadía en ese país, sin permiso migratorio; obtener licencia de conducir automóviles; además de trabajar y estudiar; a jóvenes que llegaron buscando familiares inmigrantes (2012) siendo menores de edad.


El público los bautizó como “Dreamers” (soñadores), por sus grandes aspiraciones para formarse profesionalmente, buscando instituciones educativas de prestigio, destacando en excelencia académica y en su comportamiento cívico. Se trata de unos 800,000 jóvenes que tienen esa condición migratoria, cuyo futuro pasa ahora, a ser decidido hasta el 5 de marzo de 2018, por el Congreso y el Senado, quienes deberán encontrar la forma de hacer sustentable este Programa, para que pueda subsistir. Si ello no sucede, lo más probable es que puedan ocurrir deportaciones masivas.
Es un asunto muy sensible, pues aún grandes empresas, de alta tecnología, que se han beneficiado con la labor de los graduados de DACA, manifiestan que el Programa ha sido muy beneficioso para la economía norteamericana. Pero como es un hecho ya sabido, el presidente Trump, desde su campaña política, basó sus propuestas electorales en no incentivar la inmigración ilegal. De tal forma que el muro con México fue el primer asunto al que concedió prioridad, luego, puso barreras para el ingreso de musulmanes y ahora quita su apoyo a un programa humanitario como DACA, cuya existencia ahora está en manos de los legisladores.
Ello a pesar que en determinado momento el mismo presidente Trump llegó a decir que los “amaba” y que no tenían que preocuparse. Pero ahora solo queda la posibilidad que los legisladores concuerden, en ambas Cámaras, en defender a los “soñadores”. La cancelación del Programa DACA afecta aproximadamente a unos 18,000 jóvenes nativos de Honduras, que se han estado beneficiando del mismo. Y que por ser una decisión soberana del Gobierno norteamericano, a los hondureños solo les compete influenciar por medio de gestiones diplomáticas ante los Cuerpos Legislativos, la obtención de algunas consideraciones legales, que favorezcan a los hondureños que han logrado aprovechar los beneficios de DACA.
La alternativa más dura sería que cada uno de estos jóvenes sea regresado abruptamente a su país de origen, pues ello no solo significaría la pérdida masiva de las oportunidades de adquirir una educación académica. Es colocarlos en un ambiente del cual están desarraigados, y al que regresarían a buscar empleo y posibilidades de estudio. A la vez que serán muy afectados por un profundo shock cultural.
Recordemos que está en una situación incierta la condición de los compatriotas que viven en los Estados Unidos bajo la protección del TPS, cuyo permiso de estadía no tiene seguridad que vaya a seguirse concediendo. Ellos también son candidatos a ser deportados, a pesar de su buena conducta ciudadana y su capacidad profesional, con la cual contribuyen a las economías norteamericana y hondureña. Ambas medidas migratorias, se contraponen a los objetivos del Plan “Alianza para la Prosperidad” elaborado entre el Gobierno norteamericano y los Gobiernos del Triángulo Norte” de Centroamérica. El objetivo del Plan es que los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, puedan crear las condiciones económicas, sociales y políticas para disuadir el flujo de migrantes hacia Norteamérica.
Pero dichas condiciones no podrán ser sustentables, si cada uno de estos países está sujeto a recibir masivas deportaciones de ciudadanos honestos, a quienes se quita el empleo y se les expulsa del ambiente donde han estado produciendo riqueza. De manera que si existen argumentos para generar opciones que eviten abundantes deportaciones. El Señor Jesús expresó: “Dichosos los que tienen hambre y sed de Justicia…Ellos alcanzarán misericordia”.