Opinión Punto de Vista

Migración Internacional y Derechos Humanos

Migración Internacional y Derechos Humanos
Por: Marco Núñez-Melgar Maguiña
El principal obstáculo a la protección de los derechos de los migrantes no es la ausencia de leyes, sino la inobservancia de los convenios, acuerdos y declaraciones que los Estados han aceptado libremente.

El marco legal y normativo que tiene relación con los migrantes internacionales no se encuentra consolidado en un solo documento, acuerdo o convención; sino que se desprende del derecho consuetudinario y de diversos instrumentos internacionales legales vinculantes, mundiales y regionales, de acuerdos no vinculantes y de nociones de políticas comunes a nivel mundial y regional. Muchos elementos del marco no se aplican únicamente a las migraciones, sino a cuestiones más generales de los derechos individuales, de la responsabilidad del Estado y de las relaciones entre Estados.
La principal fuente del marco legal y normativo que afecta a los migrantes es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, (1948); y siete tratados de Derechos Humanos (DD.HH.) de la ONU que confieren un efecto legal a los derechos de la Declaración.
La mayor parte de los derechos que figuran en esos tratados también se aplican a los ciudadanos foráneos, independientemente de su condición migratoria y, por consiguiente, constituyen una protección básica de los trabajadores migratorios y sus familiares frente a la discriminación y otras vulneraciones de sus derechos humanos fundamentales.
Si bien es cierto que con sujeción a las obligaciones derivadas de los tratados y del derecho consuetudinario internacional, los Estados tienen el derecho soberano de decidir quién puede acceder a su territorio y permanecer en él, también están obligados a proteger los derechos fundamentales de todas las personas en su territorio y a tomar las medidas efectivas para defender a los migrantes frente a cualquier tipo de violación o abuso.
Por ello, el ingreso a un país en violación de sus leyes de extranjería o inmigraciones, no excluye a los migrantes de sus derechos fundamentales conferidos internacionalmente, así se encuentren en situación irregular. En ese sentido, los gobiernos de los países receptores deben promover la adaptación mutua de la sociedad local y los migrantes, fomentando la tolerancia y el respeto mutuo, así como incentivando el enriquecimiento social y cultural implícito de las migraciones con políticas de interculturalidad.
Un componente esencial de la soberanía nacional es que un Estado puede decidir autónomamente cómo gestionar la migración vinculada a su propio territorio; ellos pueden regular, entre otras cosas, el ingreso y salida de nacionales y extranjeros al país; las circunstancias bajo las cuales se puede expulsar a un extranjero; los mecanismos de control de sus fronteras y; en general, hacer lo necesario para salvaguardar su seguridad. Sin embargo, este poder para gestionar la migración debe enmarcarse en el pleno respeto a los derechos fundamentales de los migrantes.
Hoy en día, la generalización en los países receptores de medidas que restringen la libre movilidad, se expresan en el endurecimiento de sus políticas migratorias, las cuales buscan frenar el ingreso a sus territorios. Sin embargo, esto no ha generado el resultado esperado, considerando que ha producido importantes consecuencias no deseadas como, por ejemplo, innumerables tragedias humanas relacionadas al tráfico ilícito de migrantes y el desarrollo de una poderosa industria delictiva asociada a la migración clandestina; la saturación de los cauces establecidos para la demanda de asilo; la fijación de los inmigrantes en el territorio, reduciendo su circulación por temor a la deportación o prohibición de ingreso, y finalmente, como principal consecuencia, el aumento de la migración irregular.