Diócesis Trujillo

Habitantes de Colón piden respeto al derecho a la tierra

Habitantes de Colón piden respeto al derecho a la tierra
Realizaron una marcha en Tocóa donde participaron más de mil quinientas personas. La caminata fue apoyada por la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo.
Textoy fotos: Wilfredo Rivera
wilgabcris@yahoo.es
Síguenos en http://www.fidesdiariodigital.com
Con  una caminata, auspiciada por Comité Departamental de Defensa de los Recursos Naturales. (CDDRN), del cual es parte la  Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo,  se conmemoró en la ciudad de Tocoa,  Colón, el Día Mundial de la Tierra y los participantes realizaron un  una serie de denuncias sobre la tenencia de la tierra, la contaminación de los ríos y la explotación minera.


La caminata en la cual participaron más de  mil quinientas personas, se inició a las nueve de la mañana y finalizó con un plantón en el puente  sobre el río Tocoa, donde se leyó un planteamiento.
Durante la marcha se corearon varias consignas entre ellas: “La Tierra no se vende,  se protege y se defiende”;  “Colón libre de minera, exige la ciudadanía”,  “El agua es vida, quien la vende es un homicida”.   La tierra llora de dolor, Por la injusticia del explotador. .      Colon libre de minera, Exige la ciudadanía
Los participantes hicieron un alto frente a las instalaciones del Ministerio Público para leer un pronunciamiento del municipio de Santa fe en donde exigen se cancele el permiso para la explotación de la Quebradona esto en Betulia,  ya que el Rio Betulia esta concesionado para la represa hidroeléctrica y no se está cumpliendo con lo pactado en el convenio que hizo la empresa con las comunidades del sector.
A esa petición se unieron las comunidades garífunas quienes exigen se les devuelvan sus tierras ya que consorcios canadienses se han apoderado de ellas  privándoseles el uso de sus playas.
A continuación damos a conocer algunos aspectos del comunicado final elaborado por el Comité Departamental de Defensa de los Recursos Naturales. Entre ellos hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional manifestando:  “nuestro posicionamiento en defensa y exigencia de los derechos de las comunidades, organizaciones campesinas y sociales  sobre nuestra tierra, recursos,  territorios y nuestra vida.  Apostamos por un desarrollo humano, económico, político, social y ambientalmente sostenible.
Plantean la inmediata declaración e implementación de la Reforma Agraria “como estrategia de transformación de la vida nacional. La Reforma agraria con enfoque ecológico es la única salida viable y políticamente sostenible para solucionar diversos conflictos que padece el pueblo”.
Fustigan el latifundio señalando: “No existe argumento jurídico justo para sostener este orden latifundista sobre la tenencia de la tierra que somete a la pobreza y la miseria a la niñez, la juventud, la mujer y al hombre de vocación campesina y agrícola. La justicia social en el campo, incluso en la ciudad depende de la democratización de la tenencia de la tierra y la diversificación de los rubros productivos, esto implica la derogación de la actual Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que convierte la tierra en una mercancía que rueda en el mercado y como propiedad privada absoluta a la que no puede acceder el campesinado empobrecido”.
Parafraseando al papa Francisco sostienen que “la tierra es nuestra casa común”,  y exigen  la inmediata cancelación  de todos los permisos y convenios concesionarios de territorios a empresas mineras que ponen en riesgo la vida de las comunidades y las condiciones ecológico ambientales para el desarrollo de la producción y la estabilidad social y ambiental de las poblaciones asentadas en sus territorios”. Explican que la cancelación de los convenios concesionarios implica la  derogación parcial o total de la actual Ley de Minería por ser un instrumento que atenta contra el derecho de libre autodeterminación y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, entregando nuestros territorios al mejor postor. En el Departamento de Colón, no queremos minería, queremos la vida y vida en abundancia expresan.

EL AGUA ES VIDA.- Al enfocar el problema del agua las comunidades participantes  señalan que la vida del ser humano y de las múltiples especies que convivimos en la tierra depende del agua. “Estamos conscientes que sin agua no hay vida. Por eso  exigimos la inmediata cancelación  de los convenios concesionarios de nuestros ríos a empresas privadas comerciantes de energía que no beneficia al pueblo. Exigimos la protección y saneamiento de las cuencas y microcuencas de nuestros ríos y quebradas para que garanticen sistemas de agua en calidad y cantidad bajo una administración pública en coordinación y planificación con las comunidades,  organizaciones sociales y no gubernamentales”.
Sobre el problema de tierra en las comunidades garífunas  expresan:  los pueblos tienen derecho a vivir en sus tierras y territorio adecuado según su cultura. Por eso, exigimos la CANCELACIÓN concesionaria y proyecto por concesionar los territorios costeros que pertenecen a comunidades garífunas y ladinas según el convenio 169 de la OIT y de los derechos plasmados en los títulos ancestrales que les asisten. .
Señalan estar conscientes que la salud es un derecho del pueblo y debe estar garantizado según la constitución. Por eso exigimos que la administración pública, técnica, política, social y económica de los centros de atención médica en las comunidades rurales y centros hospitalarios regionales sea pública. Estamos de acuerdo con la descentralización de los centros hospitalarios en cuanto adquieren autonomía política y administrativa superando las trabas burocráticas centralizadas que impiden una atención inmediata en la administración de la salud, pero no estamos de acuerdo bajo la fórmula expresada por el director del Hospital San Isidro de Tocoa donde la administración pasa a una junta externa al sistema de administración Estatal, eso es privatización de la salud.
El pueblo hondureño y del departamento de Colón en particular, somos un pueblo pacífico, rechazamos toda violencia en todos los campos de la vida, por eso exigimos la desmilitarización de la región. La presencia militar solo es  necesaria en caso de conflictos extranacionales. Los intereses de los diferentes sectores de la sociedad deben resolverse administrativamente y el Estado es responsable de resolverlos lo más pronto posible. Ha sido un mal mensaje del gobierno nacional militarizar la región del Aguán.

LA IMPUNIDAD.-  señalan que ese mal corroe las instituciones responsables de impartir justicia. La situación de violaciones a los Derechos Humanos sigue impune como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2015. «la situación de impunidad en el Bajo Aguan continua siendo alarmante» y recomienda al Estado de Honduras; «fortalecer la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguan con el fin de investigar las muertes violentas ocurridas en la zona que tengan relación con el conflicto agrario; y reforzar los esfuerzos de investigación para sancionar a los responsables materiales e intelectuales, dilucidando responsabilidades en caso de participación de fuerzas estatales». La criminalización se expresa en estigmatización, denigraciones y procesos judiciales a dirigentes sociales y comunitarios por la defensa de sus territorios y derechos comunes.
Finalmente señalan que el Estado de Honduras tiene responsabilidades según el derecho constitucional e internacional que cumplir para garantizar la justicia y la paz al pueblo, y el gobierno tiene responsabilidades administrativas que ejecutar para tal fin. Lamentamos que por decisiones de Estado y de gobierno nos encontremos con alto nivel de pobreza y miseria, con la vida en alto riesgo social y ambientalmente.
El Estado y el gobierno es responsable de la violación al derecho internacional y nacional en materia de Derechos Humanos que hace imposible la democracia como soberanía del pueblo. Ha permitido y permite que el capital este por encima de la persona y de nuestra casa común, la tierra, en razón de lo cual llamamos al gobierno a rectificar en su proceder en la administración del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional, social, económica, política, cultural y ambiental, según artículo 1 de la constitución.