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Editorial del Domingo 22 de Enero de 2017

Una Honduras con desigualdad Todos los seres humanos, por su condición de ser imagen y semejanza de Dios, tienen igual dignidad. Ello ha quedado plenamente demostrado cuando el hijo de Dios se encarnó en el seno la virgen María, asumiendo la naturaleza humana, precisamente para redimirnos a todos.

De manera que la dignidad humana es la razón última de la igualdad esencial y de la fraternidad entre las personas, sin importar la raza, nacionalidad, sexo, origen, cultura y clase.
De esa misma igualdad esencial es que surgen los principios de la vida social, el primero de los cuales es precisamente la primacía de la persona humana, como lo expresa la Constitución de Honduras: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”.
No obstante, no todos los hondureños son libres e iguales. Existen segmentos poblacionales que acaparan enormes riquezas, los cuales constituyen una minoría. Mientras la mayoría de la población vive sumida en las carencias de la pobreza y la mayor parte en la pobreza extrema. También la desigualdad se manifiesta por la cruel violencia de género con gran menosprecio de la condición femenina y la falta de apoyo para quienes padecen alguna minusvalía.
Existe también la actitud de menosprecio para los menores de edad, quienes no sólo son utilizados para realizar trabajos para beneficio de viles explotadores, sino que son abusados sexualmente y las niñas orientadas hacia el ejercicio de la prostitución. Lo más lamentable es que miles de niños se quedan sin recibir una educación adecuada,
Así pues, en la sociedad hondureña, existe mucha desigualdad. Los bienes económicos, de la cultura y de la salud no están disponibles para todos. Y si analizamos la causa, encontramos que la corrupción pública y privada, ha sido sobre todo, el elemento que más ha incidido en fomentar las enormes disparidades económicas y sociales de los hondureños.
Incluso la actividad política ha sido desnaturalizada, puesto que, a lo largo de los distintos períodos históricos de la Nación, no ha servido para el fomento del Bien Común, sino que ha sido un instrumento de enriquecimiento ilícito para ciertas familias.
La corrupción ha afectado la institucionalidad del Estado, la cual no ha cumplido con las funciones públicas para las que fue creada. También su funcionamiento ha sido aprovechado por quienes las administran, para beneficio propio.
En lo que se refiere al menoscabo de la institucionalidad del Estado, en la actualidad están bajo la investigación de los operadores de justicia, dos casos célebres. Ambos han sido objeto de mucho repudio por parte de la población, por el daño causado en contra de los hondureños más necesitados: el saqueo del Instituto de Seguridad Social y el deterioro moral en los miembros de la Policía Nacional.
En el caso del Seguro Social, están siendo investigados todos los funcionarios, hasta los miembros de la misma junta directiva. La Institución fue víctima de quienes habían sido nombrados para hacerla funcionar sirviendo al pueblo, y ellos se coludieron con parientes y amigos para organizar una red de empresas de maletín, que fueron utilizadas para lavar dinero. También se ha comprobado que hubo sobornos por firma de contratos y coimas para agilizar la emisión de cheques para el pago de compras adulteradas.
Aún el Seguro Social no se ha recuperado del fuerte golpe de corrupción recibido. Muchos de los culpables están prófugos y falta mucho dinero aún por recuperar. Pero el daño infringido a los derechos habientes de la institución, ha sido muy acentuado y doloroso, por la falta de medicamentos; reprogramación de operaciones; falta de materiales y el no pago de incapacidades, además de que muchos no pudieron alcanzar la atención médica adecuada en el momento en que más la necesitaban.
En el caso de la Policía Nacional se nombró una Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la misma. En el cumplimiento de sus funciones esa comisión ya ha cancelado más 2500 agentes y oficiales, por utilizar su nombramiento para delinquir, en connivencia con criminales de toda laya. Y en el Tribunal Superior de Cuentas se está investigando a 30 oficiales de policía por evidencias de enriquecimiento ilícito.
Las propuestas políticas en el año electoral, deben contener un enfoque claro de lucha contra la corrupción. No más impunidad, no más tolerancia y no más complicidad: Si se erradica la corrupción, habrá recursos financieros para atender las necesidades urgentes de los pobres. Un verdadero acto de justicia y respeto a la centralidad de la persona humana en la sociedad.
Ya lo expresó el Señor Jesús: “Lo que hagan a uno de mis hermanos más pequeños …. A mí me lo hacen” .

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