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Editorial del Domingo 13 de Noviembre de 2016

Una elección polémica La corrupción ha sido un mal endémico de las instituciones de la administración pública hondureña. Es un “secreto a voces” como ciertos funcionarios del Estado, a través de todas las administraciones que se han sucedido en el tiempo, se les aprecia una notable mejoría en su situación patrimonial, después de ejercer un cargo público.


Una mejoría tan ostensible, para él y su familia, que es imposible que la misma esté en consonancia con el sueldo devengado durante el período en que fungió como funcionario estatal. De manera que si hay algo que no puede esconderse, es la riqueza generada por la corrupción. Riqueza indigna se apoya en el dolor y el sufrimiento de los pobres, a quienes se les esquilman los recursos financieros para su alimentación, su educación, la asistencia necesaria para su salud etc.
Combatir este mal ha sido la promesa de todos los gobiernos que se han sucedido. Para lo cual sean emitido leyes y se han creado instituciones, cuyo objetivo es el combate a  la corrupción así,  en el siglo XIX se creó el Tribunal Superior de Cuentas, sus funciones eran examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administren fondos públicos y devolver al Ejecutivo las cuentas que no estuvieren arreglas conforme a la ley,
En 1956, la Junta Militar de Gobierno, instituyó la Contraloría General de la República en sustitución del Tribunal de Cuentas existente. La nueva institución se estableció con el objetivo de “la fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública,  habrá un organismo auxiliar del Poder Legislativo, denominado Contraloría General de la República , que se regirá por su Ley Orgánica y tendrá independencia funcional y administrativa, reflejando las mejores prácticas existentes a esa fecha”.
En diciembre 1975 el Jefe de Estado Juan Alberto Melgar,  emitió la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos y creó la Dirección de Probidad Administrativa, como una dependencia de la Contraloría General de la República.
En enero de 2002, mediante Decreto Legislativo 268-2002 se volvió a instituir el Tribunal Superior de Cuentas, para la fiscalización de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado y todas las instituciones descentralizadas y desconcentradas, las municipalidades y cualquier ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Desapareció la Contraloría General.
El pasado martes por la noche el Congreso Nacional  eligió  los tres miembros que integrarán el Tribunal Superior de Cuentas, a partir de 2017.  Fueron electos por el término de siete años. Previo se hizo un concurso abierto y se recibieron 102 postulaciones de candidatos,  participando todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil.
Pero la polémica surgió durante el transcurso de selección y comenzó cuando todo el proceso de selección  fue acaparado por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, nombrada al efecto. La cual decidió  escoger los candidatos que se sometieron al proceso de nombramiento.
La Alianza por una Sociedad más Justa (ASJ), las Iglesias, las Universidades y otros Organizaciones de la Sociedad Civil, se sintieron y se sienten  relegadas en un proceso que, por su importancia, querían acompañar como veedores y emitir opinión sobre las capacidades profesionales  y éticas de los candidatos.
La polémica se agranda cuando se sospecha que existe un acuerdo entre tres partidos políticos en el seno de la Comisión Multipartidaria, para que cada uno tenga como miembro del Tribunal a uno de sus militantes. Lo cual provocó el rechazo de la sociedad civil, pues consideraron que la escogencia se haría en base a militancia política y no habrá transparencia en la elección. Surge la sospecha que quienes resultaron  escogidos en estas circunstancias, tendrán compromiso con el partido político al cual pertenecen, para blindar a los militantes que sean investigados.
La sociedad civil estima que esa circunstancia afectará la transparencia e integridad de las decisiones del TSC, en un asunto vital, como es el control de los fondos del Estado.
La MACCIH también ha estado pendiente del proceso de elección de los Magistrados del Tribunal Nacional de Cuentas, pues estiman que la selección no debe ser politizada. La MACCIH considera que esta selección es un proceso estratégico en lucha contra la corrupción y juzgan que la integración del TSC es un asunto trascendental.
Pero, pese a esos argumentos, la Comisión Multipartidaria eligio a los candidatos a miembros del TSC,  los cuales resultaron electos por 97 votos.
Recordemos las palabras de Jesús: “Tampoco se enciende una vela para ponerla debajo de una mesa, sino se pone en el candelero y que alumbre a todos en la casa”.

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