Opinión Punto de Vista

Repensando la crisis de representación

Repensando la crisis de representación
Javier Zelaya
Javierzelaya2008@hotmail.com
No es ningún secreto que el electorado nacional observa más distanciamiento de sus representantes electos cada cuatro años, período que marca senderos diferentes entre el gobierno y los gobernados. En los últimos años organizaciones de sociedad civil han hecho esfuerzos por cerrar las brechas del distanciamiento Estado-ciudadanía, a través de acciones de influencia en las políticas públicas, la auditoria social y la observación ciudadana a programas y políticas sociales.
Pero algunos partidos políticos tradicionales nacidos en el siglo XIX, siguen utilizando herramientas del siglo XX y pretenden hacerle frente a los enormes desafíos del siglo XXI, el siglo de la oscuridad globalizada. Esto crea una creciente desconexión entre los ciudadanos, los partidos y el sistema político en general, lo que a menudo los estudiosos de la ciencia política se refieren a “la crisis de representación”.
Hoy más que nunca, más países realizan elecciones y la democracia se fortalece en nuevas partes del planeta; hay sin embargo, un fenómeno paralelo que reduce de la participación electoral, aumenta la apatía de los votantes, debilita la afiliación a los partidos, y el auge de los movimientos populistas en diversas partes. Hemos visto que estos movimientos crean una fuerte competencia a los partidos políticos tradicionales, desafían sus estructuras, formas de organizar, movilizar, financiar, expresarse y conectarse con los y las ciudadanas. El desencanto con la política tradicional, las prácticas corruptas arraigadas, y la creciente brecha entre los representantes políticos y la ciudadanía de a pie, se encuentra en el corazón de sus estructuras.
Este creciente fenómeno se designa como “déficit democrático”. Él describe la percepción pública de que los organismos de gobierno (Congreso Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, TSE y otros) sufren de una falta de democracia y son en gran parte inaccesibles a los ciudadanos comunes, especialmente los más pobres, que sin herramientas para acceder a quienes toman decisiones, silencian sus demandas y descontentos con el sistema político y el déficit democrático . Cada vez más crece entre la juventud la creencia de que sus voces no son escuchadas en los pasillos del poder, y que sus demandas por empleo decente, educación, vivienda y participación social no están incluidas en las prioridades definidas por el ejecutivo, ni por los 198 diputados que no legislan para satisfacer sus aspiraciones ni las necesidades básicas. Además, la sistemática judicialización a sus demandas en los espacios públicos, no les deja cabida en el andamiaje del Estado de Derecho; por el contrario, aumenta un sentimiento generalizado de exclusión social que erosiona cualquier intento por construir un sentido de pertenencia, de identidad social.  De forma tal que los jóvenes no sienten que tienen un mecanismo efectivo para rechazar un “gobierno” indiferente”, que no responde a sus demandas sociales, y para cambiar, en cierto modo, el curso de la política y las acciones de los políticos.
Esta pérdida de confianza del público en el gobierno y del electorado en los partidos políticos, encuentra sus causas más próximas en la desbordante corrupción estatal, la impunidad y complicidad del gobierno, de operadores de justicia, líderes y partidos políticos que reciben fondos del narcotráfico y del crimen organizado, más la complicidad de sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, cuyos discursos no corresponden a sus proyectos políticos ni a la fachada de sus identidades.
De tal suerte que el deterioro de la calidad de la democracia y sus profundos déficits, socavan la brecha entre el Estado y la ciudadanía, ello hace crisis en los tradicionales modelos de gobernabilidad democrática. Tal desencanto con el Estado de derechos es sorprendente.
El viejo ideal de democracia representativa basado en la idea de que los votantes bien informados saben elegir a sus líderes y alcanzar los objetivos de la política que mejor representa sus intereses, es en gran medida ilusoria. La desconfianza en la institucionalidad estatal, no ha permitido que la ciudadanía haga efectivos los medios para alcanzar los fines sociales anhelados, dando como resultado la imposibilidad del logro de sus metas y proyectos colectivos e individuales, profundizando la degradación y crisis del sistema social en un contexto de desigualdades y pobreza.
El fracaso de los ideales democráticos está íntimamente ligado al gasto de dinero sucio en las campañas políticas, la debilidad del sistema electoral incluyendo la incapacidad de poner en marcha reformas a la Ley y a los Partidos Políticos tan largamente reclamadas por la ciudadanía organizada.  Otros factores tales como el fraude electoral, la información manipulada por los medios de comunicación y el masivo clientelismo político. Clientela financiada con fondos públicos de programas de compensación social y apañado por el silencio cómplice de los organismos multilaterales.  Este clientelismo, o la provisión de bienes y servicios a cambio de votos y apoyo político, es un obstáculo para el logro de una democracia representativa y un sólido Estado de Derecho. El delirio reeleccionista nada aporta a la credibilidad del modelo de gobernabilidad democrática, al contrario reduce la legitimidad política, aumenta el descontento y generaliza la anomia social en los hondureños.

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