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Se ciernen serias amenazas sobre la seguridad social en Honduras

Se ciernen serias amenazas sobre la seguridad social en Honduras
Se limitarán las atenciones  a lo que el aportante pueda cubrir, pero el tratamiento de enfermedades mayores se volverá inalcanzable  para los aportantes.  Al final el perjudicado es la población más pobre y que históricamente ha estado excluida de la garantía por parte del estado del derecho a la salud.
Lilian Flores
liflores@semanariofides.com
Fotos / archivo
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La seguridad social en todos los países debe ser fundamental para combatir y luchar contra la pobreza, la promoción de la cohesión social y el bienestar de la población, para garantizar  una vida digna a las personas.  En este sentido el gobierno desempeña un papel indispensable  como garante financiero del régimen de seguridad social.
La seguridad social en Honduras nace como resultado de la huelga obrera  de 1954, cuando los  trabajadores se enfrentaron valientemente contra las compañías bananeras de la costa norte, su creación transformó la vida de miles de seres humanos, que nunca antes habían tenido una atención médica adecuada y mucho menos una pensión al final de sus años de trabajo.
Podemos decir entonces, que el inicio de la atención social en el país representó una verdadera revolución. En la actualidad hay un proceso de restructuración y reformas en este campo de la seguridad social, recordemos que el año 2015 el Congreso Nacional aprobó una Ley Marco de Protección Social que ha generado grandes polémicas a nivel nacional.

REFORMAS Ante esta aprobación la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  a través  de la Rectoría y coordinado desde la Vice Rectoría Académica,  convocó a un grupo amplio de instituciones y organizaciones que tienen  una trayectoria de trabajo en pro de la garantía por parte del estado hondureño del derecho a la salud  y a una protección social integral, así lo manifestó Rutilia Calderón Vice Rectora Académica.
“Aportamos evidencias de nivel internacional de cómo varios de los componentes sustantivos de esta ley,  al final,  en vez de garantizar por parte del estado el derecho a una protección social integral y el derecho a la salud,  más bien terminaban lanzando a las leyes del mercado un aseguramiento en salud. Se aportaron varias propuestas y evidencias que esperamos sigan siendo válidas para que se hagan las rectificaciones necesarias ante esta ley”.
Asimismo aseguró que una cosa es el derecho a la salud y  a la atención integral en salud y otra cosa es el derecho a tener un seguro para la atención de problemas en salud y un seguro diferenciado en función de la capacidad adquisitiva de la población, que desde su conceptualización suma más inequidades a las que ya tenemos en el acceso a la salud.

PRIVATIZACIÓN El estado delega su responsabilidad de garantizar el derecho a una atención integral en salud a las leyes del mercado y lanza a la red de servicios públicos de salud y seguridad social  a los vaivenes de la oferta y la demanda.
Es ahí donde los hospitales públicos entran a competir por presupuestos, pero la Ley Marco establece que el gobierno va  hacer  una inversión para colocar a la red de servicios públicos en un nivel de competitividad pero en la práctica vemos que  el presupuesto  asignado, no sólo para mantener abastecidos los hospitales de medicamentos, sino para inversiones en la mejora de su calidad es cada vez menor. “Vemos como el estado está entregando a fundaciones privadas la gerencia de los hospitales públicos, esto es un indicador de la incapacidad del estado”.
Al final el perjudicado es la población más pobre y que históricamente ha estado excluida de la garantía por parte del estado del derecho a la salud, pero también  de la garantía de una atención integral,  permanente,  oportuna y de calidad a los problemas de salud que presenta.
Según la académica existen las cuentas nacionales en salud que son ejercicios promovidos por el Banco Mundial y donde las dos mediciones que se han hecho en el país evidencian que el 70% en promedio del gasto en salud es del bolsillo de las familias.
“En otros países en donde se  ha identificado este tipo  de problemas, estas leyes marco y leyes específicas tienen una base importante en un pacto fiscal, difícilmente se va a poder enfrentar el problema de la exclusión de la atención integral en salud, sino hay una verdadera reforma fiscal, que garantice que el estado pueda obtener fondos vía impuestos, pero también  por la vía de una distribución equitativa de esa riqueza que percibe los problemas crónicos de salud en este caso y de protección social se van a mantener y a complejizar más aún”.

ACCIONES Para la ex catedrática de la Escuela de Periodismo Lilian Carballo y ahora secretaria de la  Asociación de Jubilados y Pensionados de la UNAH (AJUPEUNAH), en Honduras han ocurrido diferentes situaciones desde que se creó el seguro social, “ el seguro nació cojo, y nació de diferente manera que en los demás países de América Latina, especial mente del área de América del Sur, porque  allá primero capitalizaron los sistemas de seguridad social, es decir que las personas empezaron cotizando para invalidez, vejez y muerte y nosotros hicimos las cosas, empezamos con enfermedad y maternidad,  porque primero tuvieron que capitalizaron los sistemas para lograr tener un capital para implementar el otro sistema de enfermedad y  maternidad”.
Asimismo habló de los componentes de la seguridad social “uno de ellos es la asistencia pública, la que da el estado a través de los hospitales públicos y ahora desgraciadamente quieren privatizar la salud. Por otra parte,  la previsión social,  — que es el otro campo que le garantiza al ser humano tener una pensión digna para su vejez, con el objetivo que se mantenga su calidad de vida– desgraciadamente aquí tenemos un millón de personas adultas mayores y de ese número de personas solo el 10% tiene seguridad social,  las demás personas no la tienen”.
Para velar por este derecho recientemente la Federación Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Hondura FENAJUPENH realizó un foro para conocer más sobre los riesgos de la seguridad y previsión social en Honduras y se fundamentó según el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
En el foro se resaltó sobre que el régimen del seguro de atención a la salud se materializa con el acceso a un conjunto garantizado  de prestaciones y servicios de la salud para toda la comunidad de habitantes, proporcionando medidas de promoción, prevención, curación rehabilitación y apoyo a todas las patologías incluyendo enfermedades terminales, crónicas incapacitantes o catastróficas y que todas las personas que forman parte de la comunidad nacional, deben tener acceso equitativo a las prestaciones y servicios integrales  que necesitan a lo largo del curso de la vida en el marco del ejercicio efectivo de del derecho fundamental de la salud, con calidad y sin dificultad financiera.

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